Acuerdo de paz será política de Estado por 12 años

El Acto Legislativo 02 de 2017 creó un blindaje para que el acuerdo de paz no pueda ser tumbado por gobiernos futuros. 

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La Corte Constitucional al estudiar el expediente sobre el blindaje jurídico de lo pactado en La Habana, decidió avalar por 12 años los acuerdos entre Gobierno y Farc. En consecuencia, los próximos tres gobiernos no podrán modificar nada del Acuerdo de Paz.

El alto tribunal tomó la decisión por unanimidad de declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, que creó un blindaje para que el acuerdo de paz no pueda ser tumbado por los tres gobiernos futuros. 

La corte aclara en su decisión que no todo lo acordado entra automáticamente a la Constitución. Al bloque de constitucionalidad solo entran temas que están relacionados directamente con el Derecho Internacional Humanitario.  

Este blindaje impediría que sectores políticos que no están de acuerdo con el proceso de paz puedan poner en riesgo lo acordado con las Farc. 

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Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño en la primera firma de los Acuerdos de Paz en Cuba.

A través de su cuenta de twitter, el Presidente Juan Manuel Santos destacó vía Twitter que el fallo anunciado por la Corte Constitucional, legitima y le da estabilidad por tres gobiernos al Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc.

“Por decisión unánime, la @CConstitucional legitima y da estabilidad por 3 gobiernos al #AcuerdoDePaz”, afirmó el Jefe de Estado.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmó que el fallo anunciado hoy por la Corte Constitucional, “reconoce que el Acto Legislativo 02 de 2017 no reemplaza ningún pilar constitucional y tiene como propósito brindar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc”.

A través de un comunicado el Alto Comisionado para la Paz, señaló que el “anuncio de la Corte es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad en general a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación”

Agrega que “constituye una garantía jurídica para que los desarrollos normativos de la implementación sean fieles al espíritu del ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’”.

La nota puntualiza que “la determinación del Alto Tribunal Constitucional es además un mensaje de tranquilidad para los ex combatientes de las Farc, sobre la solidez jurídica de las leyes de implementación que se derivan del Acuerdo Final”.

“El Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado en el Congreso de la República y con el aval de la Corte Constitucional, reitera a la sociedad que lo acordado se hizo bajo los postulados del ordenamiento jurídico colombiano y de los principios del Estado social y democrático de derecho, y que el Estado en su conjunto debe cumplir con lo acordado con las Farc”, señala la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.